La presente obra versa sobre un tema siempre actual: la potestad reglamentaria y los reglamentos. Ciertamente, aunque los distintos ordenamientos jur dicos estatales le reconocen a la Administraci n P blica potestad reglamentaria, y el ordenamiento venezolano no es una excepci n, no es menos cierto que la Administraci n -hacemos nuestras las palabras de don Eduardo Garc a de Enterr a- es un p simo legislador. P simo porque la Administraci n P blica es una organizaci n creada para el tratamiento de lo inmediato e implicada en un sinn mero de gestiones concretas; una organizaci n dise ada para actuar o incidir sobre materias cambiantes y pasajeras por definici n; y, por lo tanto, una organizaci n a la que le falta esa serenidad de juicio, esa superioridad de posici n y esa ajenidad frente a los supuestos de hecho que demandan regulaci n, sin los cuales no resulta posible acometer la definici n abstracta de un orden jur dico justo. Ese c mulo de circunstancias justifica el acabado estudio de la potestad reglamentaria y de los reglamentos, pues el control de legalidad presupone la cabal comprensi n de esa potestad estatal y del producto normativo resultante de su ejercicio.
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