El presente trabajo pretende exponer y reflexionar sobre una situaci n cr tica, que se pone de manifiesto en el desarrollo de algunos procesos penales en Argentina, en los que el lapso de tiempo existente entre la comisi n de los hechos y la sentencia firme, es extremadamente extenso.Este ensayo se focaliza en el problema de los procesos penales extensos como lo fueron la venta de armas argentinas a Ecuador y Croacia, la venta del predio de la Sociedad Rural, el contrato entre la Direcci n General Impositiva y la empresa International Business Machines y otros casos, los que, como jurisprudencia, son orientadores sobre la forma existente para poner fin a este tipo de procesos penales y a reflexionar sobre el sentido de los procesos largamente extendidos en el tiempo.Se analizan los procesos penales relacionados con los hechos ocurridos en Argentina en la d cada del ''70 porque en determinados momentos, el Estado Nacional, en uso de sus facultades punitivas, decidi ejercer la persecuci n penal para luego interrumpirla o suspenderla, por medio de leyes e indultos. Transcurridos 30 a os, decidi aplicar nuevamente el poder punitivo, en algunos casos hasta despu s de transcurridos 48 a os.Durante el lapso donde no se ejerci la persecuci n penal, las v ctimas siguieron reclamando justicia y los imputados continuaron desarrollando sus vidas ajustados a derecho y a disposici n de los rganos del Estado.Repentinamente algo vari , pero qu cambi ? Lo que mut fue el staff del Estado en sus tres rganos de poder, imbuido de sus intereses e ideolog as diferentes, generando resoluciones jur dicas sesgadas conforme a las conveniencias pol ticas o personales del momento.Si el Estado hubiese cumplido en tiempo y forma con su deber de persecuci n penal, aun habiendo condenado a los imputados a las penas m s gravosas, hoy en d a, stas estar an cumplidas y en algunos casos hasta dos veces, situaci n que pone en crisis la instituci n de la prescripci n, consagrada en el art culo 62 del C digo Penal, en un todo de acuerdo con el art culo 75, inciso 22 de la Constituci n Nacional.
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